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Cámara de Diputados aprueba la Ley del Régimen Electoral

La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley el Régimen Electoral tal cual fue sancionada por el Senado de la República el pasado sábado.

La pieza legislativa, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, fue declarada de urgencia, convirtiéndose junto a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en los instrumentos fundamentales para organizar las próximas elecciones.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral fue aprobada en dos sesiones consecutivas. En la primera lectura obtuvo 141 votos a favor y 11 en contra, mientras que en la segunda lectura 140 a favor y 12 en contra.
El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, expresó que con la aprobación de la pieza se hizo un gran ejercicio democrático al dar la oportunidad a todos los legisladores para que se expresen sobre el proyecto.
Inicio de los debates
Las discusiones iniciaron tan pronto concluyó la lectura del informe favorable rendido por la comisión bicameral que estudió la pieza legislativa.
El diputado peledeísta y vicepresidente de la comisión bicameral, Henry Merán, inició los debates señalando que se trató de una jornada histórica, donde la Republica Dominicana fue dotada de una ley electoral, que se había mantenido unos 7 años dando vueltas en el Congreso Nacional.
Explicó que la pieza legislativa cuenta con 293 artículos y casi 300 páginas que contienen 25 títulos secciones y subsecciones.
Calificó de titánico el trabajo que realizó la comisión bicameral y resaltó algunos aspectos importantes.
Merán destacó que el artículo 166,define el tope de financiamiento a través del cual un candidato presidencial podrá gastar en campaña hasta 122.50 pesos por elector, contempla además, que en el nivel congresual es de 105 pesos, 87 pesos en el municipal y 43 pesos en el caso de los regidores por debajo de la propuesta de la Junta Central Electoral, que era de 200 pesos en el caso del candidato presidencial por elector.
Máximo Castro Silverio, vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, destacó que la iniciativa fortalece el sistema democrático.
Sin embargo, Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano, afirmó que no está de acuerdo con la manera total dela aprobación de la Ley, “pero hay que aprobar el proyecto posible, porque esta iniciativa es de vital importancia que la sociedad dominicana espera”.
El vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una propuesta de modificación al proyecto de ley para que se elimine el voto de arrastre establecido en el artículo 267. que se refiere a las elecciones de diputados y senadores, tras afirmar que el voto de los diputados arrastra a los senadores. La propuesta del PRM para eliminar el arrastre de diputados a senadores fue rechazada.
Las mujeres
La diputada Magda Rodríguez Azcona dijo que la ley es un retroceso para las mujeres. En tanto que su colega Gloria Reye, sometió una propuesta de modificación al artículo 136 que establece que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las regidurías y vocales se regirán por el principio de equidad de género, por lo que estas deberán estar integradas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional. La moción de Reyes también fue rechazada junto a una docena de modificaciones presentadas por varios diputados.
El diputado Fidelio Despradel abandonó el hemiciclo, alegando que no sería parte de la aprobación irresponsable de la pieza legislativa y criticó que los diputados aprueben el proyecto antes de leerlo.
Se crea una Procuraduría para asuntos electorales
Uno de los elementos más ponderado por los diputados es que la nueva Ley crea la Procuraduría para Delitos Electorales, adscripta a la Procuraduría General de la República, y que sanciona el trasfuguismo en los partidos políticos. Según establece el artículo 284, los delitos electorales serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público.La ley establece además que como requisito fundamental para la realización y publicación de encuestas y sondeos de opinión político electoral, las empresas dedicadas a estos fines deberán inscribirse en la JCE, a través de la Dirección de Elecciones, que las habilitará para dichos fines.

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