Jueza "truena" y revela mafia en la justicia

SANTO DOMINGO.
- La jueza Awilda Reyes Beltré, acusada de corrupción, puso este martes en conocimiento de la organización cívica Participación Ciudadana (PC) que el magistrado Francisco Arias Valera dirigía la supuesta red corrupta en el Poder Judicial con la connivencia, participación y conocimiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía.

El excoordinador de PC Francisco Álvarez Valdez, explicó este martes en rueda de prensa que la propia Reyes Beltré le ha entregado un informe donde hace una serie de revelaciones muy comprometedoras, como que el consejero Arias Valera dirigía con conocimiento de Germán Mejía la supuesta red de jueces corruptos, que negociaba con personas apresadas por crímenes como asesinatos, narcotráfico y lavado de activos.

Asimismo, señala a Arias Valera como la persona que la presionó y que le entregó dinero para que pusiera en libertad al regidor de Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de sicariato, aunque también habla de otros casos escandalosos.

Según Álvarez Valdez, la magistrada también asegura haber firmado un documento que certifica que reintegró el soborno que recibió de manos de Arias Valera para liberar al regidor De los Santos Solís.

Reyes Beltré también dice haber recibido presiones del mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia para que renunciara a su cargo y evitar de ese modo que se destapara el escándalo de corrupción que afecta a varios jueces.

El documento que obra en poder de la entidad cívica iba a ser puesto este martes en manos de la Procuraduría de la República, para que investigue las revelaciones de Reyes Beltré, para quien la organización pidió protección, ya que ésta teme por su vida.

Por su parte, el actual coordinador de la entidad, opinó que ya existen suficientes evidencias para que, tanto Reyes Beltró como Arias Valera, se enfrenten a la justicia por la vía penal.

La confesión de la magistrada de haber aceptado dinero por liberar al regidor de Pedro Brand, que va implícita en haber firmado un documento de devolución, se convierte en una pieza clave del caso, que obligaría a Álvarez Valdez a declarar como testigo en el proceso judicial.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia rehusó comentar el caso a la prensa porque "la prudencia me dice que en los momentos de muchas dificultades hay que saber callarse".

"Agradezco su preocupación, pero no voy a decir nada, no voy a emitir opinión", dijo el funcionario judicial al ser abordado sobre las declaraciones de la juez.

Germán Mejía se limitó a decir que las acusaciones vertidas en su contra hechas por parte la magistrada suspendida se dilucidarán en los tribunales.

Allanan residencia de jueza suspendida Awilda Reyes Beltré

La vivienda de Awilda Reyes Beltré fue allanada este martes por fiscales que buscaban pruebas en su contra en relación al escándalo de supuestos sobornos y corrupción en el Poder Judicial.

Un grupo de fiscales y oficiales de la Policía Nacional se dirigieron al residencial Ana Rosa Primero, ubicado en el sector Jardines del Sur, donde vive la magistrada.

Esta se encontraba ausente, pero hace unos momentos se presentó junto al abogado Valentín Medrano.

El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dio inicio a un procedimiento a través del cual  solicitará medidas precautorias en contra de jueces y ex jueces por supuestos actos de corrupción, presuntamente ligados al proceso investigativo que se le sigue a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré.

Así está contemplado en una instancia dirigida al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Canó Alfau, donde solicita la designación de un juez de la Instrucción Especial para tales fines, cuyo pedimento está apoderado el juez presidente de la Segunda Sala, Ramón Horacio González Pérez.

Domínguez Brito plantea que el 16 de este mes depositó por ante el Consejo del Poder Judicial una instancia en la que ponía en conocimiento el inicio de una investigación contra jueces y ex jueces del Poder Judicial por delitos graves, que van desde asociación de malhechores, prevaricación y lavado de activos.